Tras escuchar las explicaciones del fiscal Aldo Gerosa, los integrantes de la comisión de acuerdos legislativos suscribieron un dictamen donde de manera unánime se aconseja la destitución del titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista, hoy trasladado al circuito judicial de Vera

 La decisión se tomaría, quorum mediante, el próximo jueves, cuando está convocada la sesión conjunta de diputados y senadores que debe votar si lo destituye o adopta alguna otra sanción.

 La medida sólo tendría en cuenta la tramitación de Gerosa en un caso denunciado en marzo de 2024 por el diputado Fabián Palo Oliver, quien evidenció irregularidades en la actuación del fiscal en el caso de una menor abusada por Roque Paye, la pareja de la madre de una niña.

Gerosa hizo uso ayer de su derecho a la defensa en el recinto de la cámara de diputados, acompañado por su abogada la Dra. Cecilia Goyeneche, donde se encontraban los legisladores integrantes de la comisión de Acuerdos, presidida por el Senador Raúl Gramajo y la diputada Lionella Cattalini.

 Además, escucharon a la madre de la víctima del denominado caso “Paye”, tras lo cuál hubo consenso para propone la destitución del integrante del Ministerio Público de la Acusación.

 Se trata del segundo proceso que tiene como centro la polémica tarea de Gerosa, quien ya había sido suspendido por 180 días el 30 de noviembre de 2023, tras su actuación con la víctima del caso que tuvo como condenado a Marcelo Galaz, en los tribunales de Reconquista.

 Galaz purga cárcel tras haber reconocido que abusó sexualmente a su propia sobrina, durante años.

A principios del mes de marzo, la diputada provincial Rosana Bellatti había presentado formalmente la acusación contra el fiscal de Reconquista, solicitando su destitución por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 La legisladora fundamentó su pedido en las reiteradas faltas de respuesta del fiscal ante casos graves de abuso de niños, niñas y mujeres, lo que pone en evidencia una ineficaz administración de justicia en situaciones de extrema vulnerabilidad.