La Comisión de acuerdos legislativos, integrada por senadores y diputados, resolvió en votación dividida abrir un nuevo expediente contra el actual Director de la Oficina de Investigaciones Marcelo Saín, tras recepcionar la denuncia del Senador Lisandro Enrico.

El Senador por el Departamento General López acusa a Saín de violar el artículo 89 de la Constitución santafesina, donde se determina que los “miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

La decisión de investigar al exministro de seguridad Saín fue sometida a votación, con 10 votos a favor de abrir un nuevo expediente y dos en contra, el diputado Leandro Busatto y el Senador por Castellanos Alcídes Calvo.

Además, se designó miembro acusador de esta investigación al propio denunciante, Lisandro Enrico, dando inicio al proceso donde obligatoriamente deberán otorgar el derecho a la defensa al propio Marcelo Saín.

En otra de las cuestiones de interés, la comisión de acuerdos que preside el diputado radical Fabián Bastía, escuchó hoy al segundo de la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Victor Moloesnik, quien mantiene un enfrentamiento con el propio Saín, sobre las posibles filtraciones de escuchas telefónicas legales.

En ese sentido, el funcionario ratificó las “desprolijidades” y la “mala relación” de distintos sectores de la Oficina de Investigaciones y la posibilidad de que las transcripciones de las escuchas hayan podido llegar al entonces Ministro Saín, cuando se encontraba en uso de licencia en su cargo como Director de la Oficina de Investigaciones de la fiscalía.

Moloesnik admitió su conocimiento sobre el pedido de reunir información sobre la exfuncionaria de Seguridad en proceso judicial, Ana Viglione.

Otro fiscal con las horas contadas

La reunión de la comisión de acuerdos también emitió dictamen sobre la investigación en torno al fiscal de Reconquista Rodrigo González, proponiendo de manera unánime que este jueves, en reunión conjunta de ambas cámaras, sea destituido de su cargo por mal desempeño en sus actuaciones por la red de juego ilegal que comandaba Leonardo Peiti.

De confirmarse su eyección del sistema, sería el tercero de los fiscales que paga con su cargo sus presuntos vínculos con ese proceso, tras las destituciones de Patricio Serjal y Ponce Asahaad, ambos fiscales en Rosario.

González ya había sido suspendido de su cargo, cobrando sólo la mitad de sus haberes, cuando se determinó que había causales para iniciar la investigación, que concluiría con su apartamiento definitivo de sus funciones como investigador.