El interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe presentó y logró preferencia para su tratamiento en la próxima sesión, a un proyecto que declara la emergencia vial en territorio santafesino por el término de 4 años, prorrogable por el mismo período.

Además, y como hecho significativo, incluye la variante de que las tareas de construcción, reparación, pavimentación, repavimentación o ampliación de caminos o rutas, sean alcanzados por el sistema de construcción de mejoras creado en 1981 por la ley 8896 y cuya única reforma por ley N° 9101 data de febrero del año 1983.

 “Necesitamos recuperar las rutas provinciales que están en un estado calamitoso, para eso queremos procesos rápidos y ágiles para avanzar lo antes posible”, explicó a este cronista el Senador Rodrigo Leandro Borla, Jefe del bloque parlamentario oficialista.

 En su artículo 2, se indica que “en todos los casos de contratación de obras viales, sea para construcción, repavimentación, ampliación, modificación o ampliación de caminos, incluyendo obras viales mediante el régimen de contribución de mejoras, exceptuándose la ley 13.505”, ésta última normativa refiere a la llamada “ley de compre santafesino”.

 De esta manera, introduce la posibilidad de que los contribuyentes beneficiados con la obra vial abonen un porcentaje de la misma, el que será definido por el Poder Ejecutivo en base a parámetros como la importancia de la obra, su longitud, situación socioeconómica de la zona contributiva y otras cuestiones económicas, financieras, sociales o de interés general.

 Según se explica en los fundamentos del proyecto, la contribución de mejoras está basada en el “incremento de valor objetivo que adquieren los inmuebles beneficiados con una obra pública, conocido como plusvalía, lo que les otorga una situación de privilegio respecto de aquellos que se encuentran fuera de la zona de afectación, haciendo constar que la contribución de mejoras es un gravamen que se paga por obra determinada y en consideración al valor de esa obra, y que la obligación se constituye -como principio- una vez ejecutada la misma y por única vez”, se menciona en uno de los artículos de la iniciativa.

 Además, se sostiene en la fundamentación del proyecto, que la alternativa no constituye un “impuesto”, sino una “contribución” a la realización de la obra que beneficiará directamente al inmueble del contribuyente, por el mayor valor que adquiere: se constituye así en un gravamen justo, equitativo, que no hace más que ajustar el valor de la propiedad a medida que éste crece.

 El texto normativo plantea excepciones a las contribuciones por mejoras, entre ellas inmuebles destinados a templos religiosos, hospitales, asilos, colegios y escuelas, bibliotecas, universidades, institutos de investigaciones científicas, salas de primeros auxilios, puestos de sanidad, universidades, colegios y escuelas. Los inmuebles de propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro, de instituciones benéficas o filantrópicas o inmuebles que se ofrezcan en donación a la Provincia.

 Finalmente, hay una referencia que indica que “si bien este gobierno desde su inicio ha gestionado intensamente ante las autoridades nacionales el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades en materia vial, lo cierto y concreto es que el Estado Nacional se ha desentendido y solo se ha mostrado flexible a la hora de trasladar las responsabilidades a las provincias, formalizando convenios marco y específicos firmados o a firmarse a tal efecto”, agrega en sus argumentos el proyecto de ley.

 Según voceros legislativos, el proyecto de ley fue entregado el pasado miércoles 24 de julio por parte del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico en reunión con el bloque oficialista de Unidos, por lo que cuenta con el total aval del Gobierno Provincial.

 A la hora de pedir su tratamiento preferencial para una sesión, el bloque justicialista pidió abstenerse en la votación.