Se trata de aproximadamente 8000 familias que están asentadas en terrenos usurpados y que nunca tuvieron medidor porque están “enganchados” a la red energética.

 Además, tampoco podrían pedir un medidor de energía porque no están realizadas las inversiones de bajada de servicio, las que no puede realizarse por parte de la Cooperativa abastecedora teniendo en cuenta que los terrenos son privados y no les pertenece a quienes están asentados desde hace años en ese lugar.

 En Villa Gobernador Gálvez hay 33 barrios llamados “populares” y la ciudad es atendida por la Cooperativa eléctrica Limitada, la que sostiene poseer una incobrabilidad debido al hurto del orden del 42 % de energía que distribuye.

 La situación se agravó porque la Empresa Provincial Energética (EPE) reclama a la mencionada cooperativa una deuda estimada en 6 mil millones de pesos y la cooperativa notificó en una carta documento al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que evalúa aplicar cortes programados en 33 barrios populares debido al consumo clandestino.

 La “explosiva” situación motivó que el Intendente de Villa Gobernador Gálvez, el socialista Alberto Ricci, pidiera una urgente mesa de diálogo al expresar que “cartas documento que van y vienen” no sirven de mucho, sino un “programa serio” de inversiones que permitan hacer los ajustes necesarios.

 “No digo que mañana vamos a solucionar el tema, nos va a llevar entre cinco y siete años de inversiones. En dos años y medio van a ser más las que paguen que los que no. Eso hay que buscar”, indicó Ricci.