Vecinos de Rafaela pidieron ayer justicia por el caso que tuvo como víctima a Iván Ávila (45), vecino de barrio 2 de Abril de esa ciudad que falleció la semana pasada luego de haber sido alcanzado por una bala durante un enfrentamiento armado en la zona.

 Los manifestantes caminaron por Avenida Santa Fe y se nuclearon en la plaza central 25 de mayo de la cabecera del departamento Castellanos.

 “No solamente era hermano, sino hijo de Magdalena. Era vecino de estas personas que están acá, pero también era papá y esposo. No nos olvidemos de eso: de la gente laburadora, de la que se levanta todos los días a trabajar, de la que no puede salir a la calle porque pasan cosas como la que le pasó y nos tocó a nosotros”, sostuvo entre lágrimas su hermana, una de las protagonistas centrales de la expresión de repudio.

 La madre de Ávila también expresó “es triste, muy triste. Pero le tocó a él. Fue algo insólito. Estaba paradito afuera de su casita, después de haber trabajado todo un día, a tomar un poco de aire. No tienen derecho a eso. No, es imposible creer algo así. Yo soy la mamá, él me acompañaba a los turnos médicos, todo me hacía él, era el mayor de los varones”, manifestó entre sollozos.

Imputación en tribunales

 En tanto, el fiscal Martín Castellano imputó a Gonzalo Alejandro Farías, de 31 años y conocido como “Chano”, por el homicidio de Iván José Ávila, ocurrido el lunes 3 de noviembre pasado, cuando quedó en medio de una gresca de personas del barrio 2 de Abril.

 Fue durante una audiencia que se llevó a cabo ayer al mediodía en los Tribunales rafaelinos y que estuvo a cargo del juez Gustavo Bumaguin, quien escuchó la exposición del representante del Ministerio Público de la Acusación y las respuestas de la defensa técnica del acusado, actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Coronda.

 Farías, cuya defensa está a cargo de la defensora pública Amalia Cassina, enfrenta una imputación por “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal agravada”, delitos que prevén penas de cumplimiento efectivo.

 El fiscal recordó además que el imputado tiene antecedentes condenatorios por abuso de armas, portación de arma de fuego y daños, por los cuales había sido sentenciado en 2019 a cinco años de prisión.