El santotomesino Fabián Palo Oliver ingresó en la cámara de diputados un proyecto de ley para volver a modificar el mecanismo sancionatorio contra defensores y fiscales, otorgando otra vez la facultad sancionatoria a un tribunal con representación de diversos sectores y poderes públicos.

 Se recuerda que en 2018, tras la sanción de la ley 13.807, esa tarea quedó concentrada exclusivamente, para los casos de faltas graves, a la tarea del Poder Legislativo, mediante la Comisión de Acuerdos Legislativos y en última instancia, la Asamblea Legislativa.

 Esa medida, y una tomada en el año anterior que inició el camino, provocó una encendida polémica con varios sectores, entre ellas con la Asociación de Fiscales que motivó una reciente presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que se trata de una especie de control y subordinación al poder político.

 Ahora, el diputado Palo Oliver propone que la eventual remoción de los fiscales y defensores titulares y adjuntos se realice a través de un mecanismo interno consistente en un proceso administrativo, dentro del ámbito del MPA, con la participación activa de representantes del Colegio de Abogados, de la Legislatura provincial, del Fiscal Regional y, eventualmente, del Fiscal General en caso de empate.

 También se le restituye a la Auditoría del MPA su capacidad investigativa y sancionatoria, así como se restituye el plazo de 6 meses para desarrollar el proceso de remoción.

“La propuesta va en sintonía con el dictamen N° 118 del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jorge Barraguirre y con el voto del ministro del máximo tribunal de justicia de la provincia, Dr. Anibal Erbetta en la causa Spelta” expresó el autor de la iniciativa.

 “El análisis que hicimos acerca del funcionamiento del nuevo sistema nos permitió observar que, el mismo, plantea un serio desequilibrio en el control del trabajo de los fiscales, recayendo exclusivamente en el Poder Legislativo. Un sistema republicano exige no sólo la mera existencia de los tres poderes sino también un razonable equilibrio entre ellos”, dijo Palo Oliver.

 Agregó que “el sistema actual no sólo contraviene la manda constitucional sino también que va en sentido contrario de las convenciones internacionales oportunamente suscriptas por nuestro país”. 

 Por último, el legislador sostuvo que “en la historia reciente de nuestra provincia, se han presentado investigaciones donde se involucró a miembros de la Legislatura. Otorgarle exclusivamente a este poder la facultad de remoción de quienes investigan, no resulta aconsejable desde la transparencia republicana”.