CABA, Córdoba y Formosa son las jurisdicciones con mejores índices de eficiencia en la inversión educativa, considerando cuánto invierten por alumno del sector estatal y cómo rinden los estudiantes en las pruebas Aprender de primaria. En contraste, provincias como Chaco, Catamarca y Tucumán tienen importantes márgenes de mejora: allí se observan mayores dificultades a la hora de transformar los recursos invertidos en mejores resultados educativos. Estas provincias podrían mejorar sus resultados hasta 52 puntos porcentuales con los mismos recursos disponibles actualmente. Cabe destacar que se trata de una medida relativa de eficiencia, calculada únicamente entre las provincias del país.

Los datos surgen del informe “Eficiencia de la inversión educativa provincial en Argentina”, con autoría de María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Argentinos por la Educación), e Ivana Templado (FIEL). El documento compara la eficiencia de la inversión educativa en las provincias argentinas. Para eso, aplica un modelo que contrasta el esfuerzo presupuestario por estudiante (la inversión por alumno estatal en relación con el ingreso per cápita) entre 2012 y 2023, con la proporción de alumnos que alcanzan los resultados esperados de Lengua y Matemática en las pruebas Aprender 2023 de sexto grado. 

Una mayor inversión se asocia con mejores aprendizajes: aquellas provincias que destinan mayor presupuesto por estudiante tienden a lograr mejores resultados escolares. Sin embargo, esta relación no es directa, sino que se ve matizada por otros factores, como la gestión educativa, el contexto socioeconómico y las políticas implementadas en cada provincia.

El informe también compara la eficiencia educativa provincial a partir de variables relacionadas con recursos físicos, como el equipamiento y la conectividad, el porcentaje de alumnos que asisten a jornada simple o completa, la relación alumnos por cargo docente y el porcentaje de docentes suplentes.Teniendo en cuenta estas características, las provincias más eficientes son Chubut, Misiones, Córdoba y CABA mientras que los menores niveles de eficiencia se registran en Chaco, La Rioja y Tucumán. Esta perspectiva sugiere que en muchos casos el problema no es la disponibilidad de recursos, sino la capacidad del sistema educativo de utilizarlos de manera que fortalezcan los aprendizajes. Esto muestra que la ineficiencia podría estar más vinculada con la estructura de costos (destinados en su mayoría a salarios) que con la gestión de insumos físicos.

Al incorporar otras variables contextuales al análisis, el informe también encontró que las provincias que dependen en mayor medida de recursos nacionales tienden a mostrar niveles más bajos de eficiencia en la inversión educativa, es decir, obtienen resultados por debajo de lo esperable. 

“Dados los mismos recursos se pueden lograr mejores resultados educativos. Sin embargo, con niveles de logros generales tan bajos, acercarse a la frontera de eficiencia no implica que el nivel absoluto de aprendizaje sea aceptable; sólo indica que, con los insumos actuales, para hacerlo mejor es necesario cambiar cuestiones más de fondo. Si el objetivo son los aprendizajes, mejorar la forma en que se asignan los recursos —docentes, equipamiento, tiempo escolar, así como costos y cargos— es tan relevante como discutir nuevas fuentes de financiamiento”, considera Ivana Templado, coautora del informe y economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

“Con frecuencia, las discusiones sobre política pública se reducen a una falsa dicotomía entre más o menos Estado, sin considerar lo más importante: la calidad del Estado y su capacidad para transformar recursos en resultados. Estudios como este permiten pasar del debate ideológico al análisis empírico, mostrando que no alcanza con aumentar el gasto si no se mejora su eficiencia. En un país con recursos fiscales escasos y enormes desafíos sociales, mejorar la eficiencia del gasto público es urgente. Para eso se necesita evidencia como la que ofrece este informe: rigurosa, comparativa y orientada a la toma de decisiones”, asegura Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar.

Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA - CONICET), plantea: “El análisis realizado constituye un aporte central para mejorar la asignación de los recursos en busca de favorecer resultados educativos que favorezcan la calidad y equidad en el sector. Los resultados alcanzados destacan la necesidad de mejorar el rol de los tres niveles de gobierno en el financiamiento de la educación, con especial relevancia en la función de la administración nacional para implementar respuestas activas que disminuyan las inequidades territoriales y desvinculen las posibilidades de acceso a una educación de calidad del lugar de nacimiento o residencia de los niños y sus familias”.

Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas, considera: “En Argentina casi no hay estudios sobre la eficiencia del uso de los recursos en educación. Recordemos que esto implica la posibilidad de hacer más con lo mismo. Por lo tanto, vemos que hay provincias que podrían mejorar su desempeño revisando sus propias normas, estilos y prácticas. Se trata de que cada peso invertido cumpla su objetivo: mejorar la educación. Como el estudio compara las provincias una vez tenidas en cuenta las diferencias de otras variables tales como ruralidad, importancia del sector privado e ingresos fiscales, no hay factores que impidan potenciar sus resultados”.